Carlos Salinas de Gortari

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• Mandato: 1 diciembre 1988 - 1 diciembre 1994
• Nacimiento: Ciudad de México, 3 abril 1948
• Partido político: Partido Revolucionario Institucional (PRI)

Acontecimientos: 

El 28 de febrero de 1995 la Policía arrestó en el DF al hermano mayor de Salinas, Raúl, un licenciado en Ingeniería civil con una dilatada trayectoria en el servicio público, siendo sus cometidos durante el sexenio presidencial la dirección de Planeación de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares (Conasupo) y la coordinación del sistema de evaluación del Prona sol, luego de que la Procuraduría General de la República le acusara de ser uno de los autores intelectuales del asesinato de Ruiz Massieu y de la comisión de tráfico de influencias, evasión fiscal y corrupción económica. Los medios de comunicación especularon con que Raúl Salinas de Gortari habría podido ordenar el crimen de su antiguo cuñado para impedir que la víctima desvelara, tal como habría amenazado, sus corruptelas y sus relaciones con el narcotráfico. Por si esta noticia no fuera suficientemente explosiva, al día siguiente el subprocurador especial Pablo Chapa Bezanilla implicó directamente al ex presidente en la conspiración política, imputación que aquel tachó de absurda al tiempo que defendió la inocencia de su hermano.

Aspecto Nacional:

Se aceleró la campaña de privatizaciones comenzada en 1982, viéndose afectadas ahora todas las grandes empresas del Estado. Así, fueron entregados al capital privado la telefonía (Telmex, una compañía plagada de denuncias por negligencia en el servicio que en diciembre de 1990 fue adjudicada en pública subasta a un consorcio encabezado por el magnate Carlos Slim Helú), las comunicaciones viales y las aerolíneas, el sector químico, el siderúrgico (Altos Hornos de México), los seguros, las cadenas hoteleras, los medios de radiodifusión (Imevisión, que dio lugar a la TV Azteca) y, finalmente, la banca. La histórica reforma del sistema bancario, emprendida en mayo de 1990 y rematada en diciembre de 1993, supuso la reversión total de la nacionalización realizada en 1982 por López Portillo, que había reducido las 764 entidades entonces existentes a menos de una veintena, encabezando las sobrevivientes el Banco Nacional de México (Banamex) y el Banco del Comercio (Bancomer). Así mismo, el Banco central de México, Banxico, fue dotado, reforma constitucional mediante, de un régimen jurídico que, con arreglo al modelo liberal, garantizaba su autonomía funcional y administrativa.

Eminentemente pragmático, Salinas explicó que las privatizaciones convenían al país a efectos de ingresos en la caja del Estado, ganancias que luego el Gobierno destinaría a abonar la deuda interna y a costear las necesidades sociales, pero la gigantesca operación produjo unos réditos incluso mayores de los esperados: sólo en 1991 el Estado recaudó 10.700 millones de dólares por ese concepto. Al final del mandato de Salinas, más del 90% del parque empresarial del país tenía dueños privados, quedando como únicas excepciones relevantes la Comisión Federal de electricidad (CFE) y el emblemático monopolio Pemex, el cual, no obstante, tampoco salió indemne de la avalancha de liberalizaciones, ya que, a través de la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios (julio de 1992), empezó a estructurarse como holding corporativo, asumiendo criterios de eficiencia y racionalidad, dotándose de una estructura divisional (las subsidiarias de Exploración y Producción, de Refinación, de Gas y Petroquímica Básica, y de Petroquímica) y abriéndose a la inversión privada extranjera según el esquema de franquicias.

Aspecto Externo:

De esta manera empezó a idearse la firma de un tratado comercial con Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, no todas las opiniones coincidieron en que el tratado fuera lo más conveniente: hubo quienes aseguraron que un tratado de este tipo sólo beneficiaría a las clases adineradas de Canadá, Estados Unidos y México, pues consideraban que nuestro país no podría competir con la industria de nuestros vecinos del norte, por lo que nos convertiríamos en una enorme maquila-dora, es decir, sólo venderíamos nuestro trabajo a bajo precio.

En Estados Unidos las principales organizaciones sindicales se opusieron a la firma porque temían que la mano de obra mexicana, al ser más barata, propiciara que muchas industrias prefirieran emplear a los obreros mexicanos y faltaran empleos para sus trabajadores; también argumentaron que la protección de los derechos laborales estaba en riesgo, pues las leyes que los rigen no son las mismas que en Canadá y en México, lo que podría prestarse a abusos. Algunas organizaciones defensoras del medio ambiente también se opusieron, argumentando que las regulaciones en nuestro país no eran muy estrictas, por lo tanto no garantizaban la protección ecológica, sobre todo en la región fronteriza.